Acuerdo adoptado por la Asamblea de Cargos Públicos UPL

JAVIER CASTAÑEDA VIÑUELA, Secretario de la Asamblea de Cargos Públicos de la Unión del Pueblo Leonés – UPL, CERTIFICA que en la Sesión Extraordinaria de dicha Asamblea celebrada el pasado día 29 de Septiembre en la localidad de Azadinos (León), con la asistencia de la mayoría de sus miembros, se aprobó por unanimidad el documento que se transcribe a continuación:

MOTIVACIÓN._
Hemos tenido conocimiento de la existencia de un “ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL” entre cuyas previsiones se contempla en su Disposición transitoria cuarta. Disolución de entidades locales menores, literalmente lo siguiente:

Se disuelven todas las entidades locales menores existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley.
La disolución conllevará:

a) Que el personal que estuviera al servicio de la entidad local menor disuelta quedará incorporado en el ayuntamiento en cuyo ámbito territorial esté integrada.
b) Que el ayuntamiento del que dependa la entidad local menor queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones.

En nuestra Comunidad Autónoma existen nada menos que 2.307 Juntas Vecinales (entidades locales menores) de las 3.770 que estaban registradas en 1997 en toda España, lo que representa el 61,19%. De estas 2.307, en la provincia de León hay 1.288, lo que supone el 34,16% de toda España y el 55,83% de la Comunidad Autónoma de C. y León. Ello acredita la fuerte implantación y arraigo de estas instituciones en la provincia leonesa y la trascendencia que para la misma tiene la adopción de esta medida.

A los que conocemos la naturaleza de de estas entidades locales, nos causa una enorme frustración, que sin fundamento alguno, en una disposición transitoria, en cuatro líneas y de un plumazo, sin ninguna argumentación, se pretenda suprimir y además de forma extemporánea una institución cuyo origen se pierde en la memoria de los tiempos.

Aún está presente en la memoria colectiva las funciones naturales y básicas que se llevaba a cabo en los tradicionales concejos, las “facenderas”, la organización de la solidaridad ante la desgracia, o la organización de la atención a la pobreza ambulante así como la gestión de los bienes de todos, distribuyendo los lotes o parcelas para obtención de leña o cultivos. Ciertamente que las cosas han cambiado pero la esencia de estas instituciones sigue siendo la misma : Organizar la convivencia de los vecinos que viven en un mismo núcleo de población, potenciando la solidaridad y administrar entre todos a través de sus asambleas vecinales o concejos o de sus vocales y presidente elegidos por ellos mismos, los bienes de la comunidad.

Las limitaciones existentes en el mundo rural son de sobra conocidas de todas y solo soportadas por algunos (los que viven en la pequeñas poblaciones rurales); carencias tanto de servicios básicos, como culturales, comunicaciones y de ocio; pocas ventajas materiales se obtienen en el mundo rural, cada vez más empobrecidos y vacio, como no sea el disfrute de los bienes comunales y de propios del que disponen muchas de estas entidades y que sirven para la supervivencia (sin ellos imposible en múltiples casos), de los propios vecinos.

Creemos que el vaciado del mundo rural se acelerará con esta supresión al quedar la administración de sus bienes colectivos en manos foráneas al propio núcleo de población al que sustentan generando divisiones entre pueblos de un mismo municipio; su supresión sería un grave error que desvertebraría aún más el territorio, generaría divisiones y conflictos en la administración de sus bienes, no traería ahorro alguno para el estado y se suprimirían unas instituciones que en el caso concreto de nuestra provincia se pierden sus orígenes por lejanos.

El gobierno argumenta que hay que ahorrar; y que es precisa una reforma de la administración que racionalice las gestión de los intereses públicos; necesidad que compartimos y que consideramos imprescindible; pero creemos que en este aspecto se va en la dirección equivocada ya que todos sabemos que las entidades locales menores, no generan gastos al erario público y es la administración más cercana al ciudadano, asentada en principios de genuina participación; algunos pensamos si no se estará pensando mas que una reforma seria de la administración, en una especie de espolio de los bienes comunales y de propios de nuestras pedanías; y eso, no lo podemos consentir porque sería la muerte del mundo rural que ya carece de casi todo.

Ley de régimen local de Castilla y León de 1998, en su TITULO VII. Entidades Locales Menores, dedica a su regulación (constitución, funciones, competencias) 27 artículos (del 49 al 76) ; regulación que a nuestro juicio resulta incompleta e insuficiente; se hace preciso una mayor concreción en algunos aspectos que permita corregir las deficiencias que puedan existir en el deficiente funcionamiento de alguna de ellas.

Por todas estas razones y otras muchas que podríamos esgrimir, se ACUERDA:

1._ Enviar al Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León, a la Diputación Provincial de León, al Congreso de los Diputados y al Senado, a la Federación Regional de Municipios y Provincias y a todas las instituciones que entiendan en la materia, nuestra más rotunda oposición a la supresión de las Entidades Locales Menores por las razones apuntadas.

2._ Adherirse masivamente a la Federación de Entidades Locales Menores de la Región Leonesa constituida recientemente para la defensa legítima de sus intereses.

3._ Celebrar Asambleas o Concejos para informar a los vecinos del problema que se plantea de llevar a cabo esta pretensión y cómo puede afectar a sus propios intereses como vecinos.

4._ Mostrar nuestro decidido apoyo a una reforma administrativa en profundidad que realmente ahorre costes, racionalice la gestión de la administración pública y clarifique las duplicidades de competencias y de medios actualmente existentes suprimiendo el despilfarro.

5.- Finalmente, manifestar que estamos dispuestos a utilizar todos los medios democráticos y permitidos en un estado de derecho, para la defensa de los legítimos intereses de nuestros pueblos y vecinos, ninguneados y colonizados sin pudor por la hegemonía urbana y sus gobernantes.

De todo lo cual se deja constancia en Azadinos (León) a 29 de Septiembre de 2012.

El Secretario

Vº Bº
El Presidente

Virgilio Buiza Diez

viernes, 12 octubre 2012 por