Juntas vecinales leonesas

OPINIÓN – LNC

Javier Callado

Javier Callado

La provincia de León cuenta con más de 1200 juntas vecinales. Este núcleo institucional constituye la tercera parte de todas las entidades menores que de municipio que hay en las 52 provincias de España. Por sus características y concentración en León son una peculiaridad identitaria. Es una diferencia que se plasma en la estructura económica y productiva de la provincia, en la gestión de los espacios naturales, en la propiedad de los bienes religiosos (que es comunal en su origen), en la propiedad del suelo (casi la mitad de la provincia es propiedad comunal), en la interlocución ante los pueblos, en los derechos de uso privado de esos bienes comunales, en el mantenimiento de infraestructuras, de bienes de valor etnográfico y en muchas más vertientes.
La organización general de la Provincia de León en 3 niveles perfectamente diferenciados: provincial, municipal y concejil, es una singularidad que en el resto de España se reduce a dos escalones. El gobierno autonómico tiene la competencia y la obligación de colaborar, aprovechar y proteger esta estructura que es inherente a lo leonés. En Valladolid ni lo conocen ni lo entienden, pero eso no les exime de una postura que es negligente de forma reiterativa. En Burgos hay 650 juntas vecinales, pero son un fenómeno local, de algunas comarcas, y con un contenido diferente. En León es general porque hay 1400 entidades de población y solo 200 no tienen junta vecinal, lo que significa que ocupan toda la provincia.
Las juntas vecinales son las herederas de los concejos, una institución que sustentó la base social sobre la que se ha articulado el espacio leonés. En la provincia de León, núcleo de lo leonés, han pervivido. Cualquier sistema de ordenación del territorio y de prestación de servicios debería contar con estas instituciones. Son las más cercanas a los problemas locales, una auténtica garantía, por ejemplo, para luchar contra la despoblación.
Las leyes y decretos que ponen obstáculos a su gestión, como la que afecta a los secretarios, deberían ser denunciadas por la Junta de Castilla y León, responsable de la defensa y aprovechamiento de lo concejil, y ser matizadas por esa institución para adaptarse a la singularidad leonesa. La Junta puede actuar de manera responsable con los leoneses o al contrario: como enemiga de sus intereses. Se pide con frecuencia que los leoneses se integren en la autonomía y yo me pregunto ¿no será que se les margina y se pretende dar la vuelta al argumento? La provincia de León tiene una organización institucional propia. La Junta debe demostrar que lo leonés tiene cabida en esta autonomía.

jueves, 19 abril 2018 por