Cesión del agua a Portugal

Cesión del agua a Portugal

OPINION POR JAVIER CALLADO

LA NUEVA CRÓNICA

Los agricultores leoneses protestan estos días por la cesión de agua a Portugal desde los embalses de León. La causa es el Convenio Internacional de Albufeira, que firmó el gobierno español en 1998 –dirigido entonces por Aznar–, con el gobierno de Portugal. En él se pretende armonizar la gestión de las cuencas hidrográficas compartidas: las de los ríos Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana. El objetivo del Convenio es la búsqueda conjunta de equilibrio entre protección del medio ambiente y explotación de los recursos hídricos, realizado con una visión peninsular. Indudablemente, el Convenio era bien intencionado, integrador y positivo en aquel marco.

Lo cierto es que las condiciones en que se firmó en 1998 no son las que tenemos hoy. León alcanza las 125.000 Has de regadío actualmente, muy por encima de hace veinte años. Nos encontramos en una crisis climática con un déficit hídrico sin precedentes. Los agricultores se han esforzado en ahorrar agua para completar los ciclos de riegos. ¿Qué puede haber fallado además?

Dice el Artículo 15 del Convenio, en su apartado 4: «Las Partes procederán, a través de la Comisión, al intercambio de previsión sobre nuevas utilizaciones de aguas de la cuencas hidrográficas de las cuencas hispano-portuguesas que sean susceptibles de modificar significativamente su régimen hidrológico». ¿Procedió España a comunicar los progresos del regadío leonés, área fundamental de concentración de embalses y recursos hidrológicos, a la Comisión?

Loa agricultores leoneses deben protestar, tanto si se les atiende para este trasvase en concreto, como si no, pues en el futuro debe estar contemplada la excepcionalidad leonesa con el regadío. Los leoneses, además, debemos asumir que, en este escenario hídrico, se construirán nuevas presas, pues es León el lugar donde más surgen aguas dulces del interior peninsular. Sin embargo, hay que estar preparados para la negociación. Los sacrificios a cambio de nada, que tan servilmente se aceptaron en esta tierra, deben cesar.

Una vez más vemos cómo la Junta de Castilla y León no actúa como interlocutor de los intereses de León ni con esto, ni con la autovía a Galicia, ni con Adif y sus obras pendientes, ni con las conexiones de ferrocarril de Ponferrada, ni con las ocupaciones territoriales por autonomías vecinas, ni con los incendios, etc. La Junta incumple sus obligaciones de oficio. La Autonomía fallida de Castilla y León es un obstáculo más para resolver estos problemas y muchos otros, pues no interpela, pero tampoco ayuda y entorpece. Los intereses hídricos estarían bien defendidos por una Autonomía Leonesa. Toca pronunciarse.



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