El Consejo de Cuentas detecta deficiencias en el contrato de las obras de la pasarela

El Consejo de Cuentas detecta deficiencias en el contrato de las obras de la pasarela

 

El órgano consultivo observa hasta nueve irregularidades administrativas achacables a Somacyl y al menos otras dos de carácter general

La aportación de este informe al Grupo Parlamentario Leonesista en las Cortes Regionales ha permitido conocer con detalle estas deficiencias
Opinión de Zamora. A. G.
 
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha detectado deficiencias en las contrataciones de obras y servicios llevadas a cabo por la Sociedad de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) en los años 2010 y 2011, entre ellas las relativas a la construcción de la pasarela de la Mota.Aunque las deficiencias observadas no tienen que ver con el proceso constructivo ni con el posterior derrumbe de los Cuestos, el informe Fiscalización de la Contratación de las empresas públicas de Castilla y León en los ejercicios 2010-2011 deja claro que Somacyl incurrió en al menos nueve irregularidades administrativas en el contrato de la pasarela de la Mota y en otras dos de carácter general.

El contrato del proyecto y obra de mejora de accesibilidad en los Cuestos de la Mota, más conocido por la pasarela de la Mota, tiene el número 9 de las contrataciones fiscalizadas por el Consejo de Cuentas, está datado en el año 2011 dentro del apartado de contrataciones no sujetas a regulación armonizada de ese ejercicio y fue adjudicado en el mes de marzo por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y un presupuesto de 559.718,46 euros.

Las irregularidades detectadas en relación con la contratación de estas obras son variadas. El informe señala en relación con las actuaciones preparatorias del contrato que Somacyl no justificó la elección de los criterios de adjudicación establecidos, en relación con el objeto, para seleccionar la oferta económica más ventajosa y contribuir a la justificación del principio de eficiencia, tal y como establece la Ley de Contratos de la Sociedades Públicas.

Además, el pliego de condiciones administrativas particulares no especifica los criterios para determinar si los licitadores alcanzaban las condiciones mínimas de solvencia económica o financiera y técnica, lo que supone dejar al arbitrio de la mesa de contratación la estimación de la solvencia, por lo que la aceptación a la licitación se convierte «en un acto puramente discrecional y afecta a los principios de transparencia e igualdad de trato», señala el informe fiscalizador.

Del mismo modo precisa que la fórmula automática establecida en el pliego de condiciones para la valoración del criterio del precio «no permite repartir todos los puntos habilitados en este apartado, ya que la puntuación máxima no se puede alcanzar, lo que modifica el porcentaje real aplicado sobre cada criterio». Además con la citada fórmula, agrega, «las ofertas cuya baja sea inferior en 10 puntos respecto a la baja media obtienen O puntos, puntuando proporcionalmente más las licitaciones con bajas inferiores a la media que a las superiores, afectando a los principios de no discriminación y eficiencia en la utilización de los fondos».

En el mismo orden de deficiencias el Consejo sitúa el hecho de que en el pliego se incluyeron criterios de adjudicación no evaluable mediante fórmula automática que, al no estar desarrollados de forma detallada, no permiten valorar las ofertas sin incluir aspectos no previstos en los pliegos, «lo que impide que los licitadores conozcan previamente como van a ser valoradas sus proposiciones, afectando a los principios de transparencia e incluso igualdad de trato, ya que los criterios a valorar se pueden regular con posterioridad a la apertura de sobre».

El Consejo subraya además que no hay constancia en el expediente de la aprobación de los pliegos por el órgano de contratación, afectando al principio de competencia y de seguridad jurídica que ha de prevalecer en todo acto contractual.

En cuanto al procedimiento de adjudicación, ni se facilitó al Consejo de Cuentas el Informe de valoración de las ofertas económicas de la licitación, ni se valoraron en fases distintas los criterios de adjudicación establecidos mediante fórmulas, a excepción del precio, de las que no lo están, incumpliendo la Ley de Contratos y afectando al principio de transparencia.

El Consejo de Cuentas llama la atención también sobre el hecho de que en el informe de valoración no se definen los métodos de reparto ni se ha dejado constancia de los motivos de la puntuación otorgada, desarrollando criterios de evaluación no valorables mediante fórmulas, que no figuraban en el pliego. «Esto ha dado lugar a que los licitadores desconocieran el detalle de los mismos al presentar sus ofertas, incumpliendo la Ley de Contratos» una vez más «y afectando al principio de transparencia».

Además, en el expediente de contratación no existe documentación que justifique la capacidad del adjudicatario, Amatex, ni de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Comunidad de Castilla y León. Además, y no consta el justificante del último recibo pagado del IAE junto con la declaración de no haberse dado de baja.

Con carácter general, el Consejo señala que SOMACYL ni envío al órgano consultivo la documentación de ninguno de los 16 contratos, correspondientes a los ejercicios 2010-2011, de los que legalmente estaba obligada a comunicar, por un importe total de 70.994.920,70 euros, ni tampoco al Registro de Contratos del Sector Público del Ministerio de Economía y Hacienda.

La aportación de este informe al Grupo Parlamentario Leonesista en las Cortes Regionales ha permitido conocer con detalle estas deficiencias, que a la luz de lo precisado por el Consejo de Cuentas podría haber variado el nombre de la constructora adjudicataria.



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