La oposición y trabajadores denuncian colocaciones irregulares en las dos responsables del SAM

La oposición y trabajadores denuncian colocaciones irregulares en las dos responsables del SAM

.J. Porras León La Cronica de León

Lázaro García Bayón, destacó que las “alegaciones presentadas por los trabajadores se habla de despotismo e irregularidades y no queremos ser cómplices de esta situación”.
Las cuestiones laborales protagonizaron ayer el Pleno de la Diputación de León. Así, el PSOE, la UPL y el diputado no adscrito, Matías Llorente, votaron en contra de la propuesta de resolución de las alegaciones presentadas por varios trabajadores sobre la definición de funciones del puesto de trabajo de la jefatura del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) y de la provisión y valoración para el puesto de coordinadora de este mismo servicio. Ambas aprobadas finalmente con los votos a favor del PP.
Los grupos en la oposición solicitaron un concurso de méritos para cubrir estas plazas, ocupadas hasta la fecha por dos trabajadoras en sendas comisiones de servicio. En este sentido, el diputado leonesista, Lázaro García Bayón, destacó que las “alegaciones presentadas por los trabajadores son muy fuertes, ya que se dice la persona que va a ocupar esa plaza” –la que hasta estos momentos desempeñaba esta función en comisión de servicio–, se habla de despotismo e irregularidades y no queremos ser cómplices de esta situación”.
Por su parte, Llorente remarcó que “cada vez que hay alguna modificación en cuestión de personal se acaba en los Juzgados, ya que siempre se buscan personas afines en vez de buscar a los mejores profesionales para ocupar el puesto”, por lo que insistió en la necesidad de convocar un concurso de méritos.
El debate se fue endureciendo y la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, remarcó que la propuesta sólo se refería a la definición de funciones del puesto de trabajo y no de la concesión del mismo. Fue más allá al afirmar que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación es “escandalosa” con 27 jefes de servicio cuando para las mismas áreas en la Junta “sólo hay seis”. Una situación que, afirmó, “estamos intentando arreglar” a la vez que descartaba cualquier tipo de afinidad política de la persona a la que se refieren las alegaciones.
En el fragor de las intervencionesvarios trabajadores de la Diputación asistentes al Pleno mostraron pancartas en las que pedían “negociación laboral y no imposición”.
Tras la finalización del Pleno, el presidente de la Junta de Personal, Amadeo García, denunció que, además de la negativa de la Diputación a negociar el convenio,“nos quieren imponer dos plazas que son dos amigas de la presidenta y de hecho una de ellas tiene cargo político”. Amadeo aseguró que desde el primer momento se solicitó unas bases concretas para todos y en igualdad y “no unas bases a medida de estas trabajadoras”. Aunque el diputado encargado de esta área nunca tuvo, la “más mínima intención de negociar la propuesta que la propia Junta de Personal había elaborado”.



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