UPL CONSIGUE UNANIMIDAD EN LAS CORTES PARA DEFENDER EL PALACIO DE CONGRESOS

UPL CONSIGUE UNANIMIDAD EN LAS CORTES PARA DEFENDER EL PALACIO DE CONGRESOS

Santos exige financiación y responsabilidad para finalizar la obra.

 

1026358_1Esta mañana en el Pleno de las Cortes, el Procurador de UPL, Luis Mariano Santos Reyero, ha defendido una proposición no de ley en la que instaba a la Junta y al Gobierno central a aportar las cantidades adeudadas de los últimos ejercicios para la finalización del Palacio de Congresos de León, así como a contribuir económicamente en el porcentaje derivado de los sobrecostes.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de León es un espacio arquitectónico destinado a la realización de congresos y eventos de índole cultural en la ciudad de León.

Con éste proyecto se pretende dotar a la ciudad de León de las instalaciones necesarias para celebrar congresos nacionales e internacionales, así como otros eventos lúdicos como conciertos o teatro, convirtiéndose, tras la llegada del AVE a la capital, en un hito más para generar actividad cultural, económica y social, y atraer visitantes.

El edificio del Palacio de Congresos está situado en los terrenos de la antigua azucarera de Santa Elvira, junto a la estación del AVE. Tiene una superficie construida de 39.098 metros cuadrados.

En el año 2011 la inversión total del proyecto del Palacio de Congresos ascendía a 79.172.940,36 euros, que se financiaba con las aportaciones del Gobierno central (40%), la Junta (el 40%) y el Ayuntamiento de León (el 20%).

El proyecto debía haber sido financiado y ejecutado en 2014 pero, fruto de la crisis económica, se produjo una paralización en las aportaciones financieras y una ralentización de las obras. En 2013 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León se comprometieron a completar la totalidad de sus aportaciones, pero ampliando el plazo de ejecución de las obras a fases sucesivas, la primera hasta 2016, y la segunda hasta principios de 2018.

Esta ampliación en el plazo de entrega de la infraestructura, de cuatro años, supuso tener que hacer frente al pago de una indemnización de 6,7 millones de euros a la UTE adjudicataria, sumado al aumento del 3% del IVA, que pasó del 18% al 21% en el año 2012. La suma de ambos ha generado un agujero en las arcas municipales que impide la finalización del proyecto.

Además, hay que tener en cuenta que ni el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ni la Junta de Castilla y León han hecho frente al pago de las cantidades totales que habían comprometido en el convenio.

La proposición no de ley defendida por el leonesista fue aprobada por unanimidad.



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